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III.- Víctima de violencia de género y el Instituto de suspensión del juicio a prueba

Ley 27.372 Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos.

 En la mensionada Ley  

a) considera “víctima” a la persona ofendida directamente por el delito, es decir, sobre quien reposa las consecuencias del accionar ilícito o a la persona que ha resultado damnificado por un delito, esto es, el sujeto pasivo de éste.

El artículo 2° , reza que: “Se considera víctima:

a) A la persona ofendida directamente por el delito;

b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.

La Carta Iberoamericanala -Declaración de la Organización de las Naciones Unidas- reza que:

Para todos los efectos de la presente CARTA, se entenderá por víctima, a toda persona física que haya sido indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquéllas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico”.

El concepto reflejado en el art. 2º de la Ley 27.372 se asimila al contenido en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 1º que dice:

“Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.

Ley 27.372.- Suspensión del proceso a prueba

El artículo 19º que: En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión del proceso a prueba, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aun cuando no se hubiese presentado como parte querellante/particular damnificado.

Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las que deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba”.

La normativa constitucional le brinda al ofendido y/o víctima el derecho a una tutela efectiva que deviene de la obligación del Estado de perseguir el delito para “garantizar el derecho a la justicia de la víctima” (informe 34/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el derecho a una debida protección judicial y el derecho a ser oído (art. 8.1. de la CADH).

Cabe destacar  que si se asegura el acceso a la justicia mediante la garantía de la ‘tutela judicial’, no podría negarse el derecho de la víctima en el proceso penal, a que se considere su oposición fundada respecto de la concesión del instituto de suspensión del juicio a prueba, pues de modo contrario tal ‘tutela judicial’ lejos de ser efectiva, podría resultar meramente ilusoria.

Este articulo seguirá con la publicación del 31/7/22