Acceso a la Justicia de víctimas de violencia doméstica

Por Diego O. Ortiz (*)

“La cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad. Las mujeres solo tendrán igualdad de acceso a la justicia -y la violencia contra la mujer solo será eliminadacuando se construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres.” Laura Pimentel, 2013

I. INTRODUCCIÓN

La frase inicial del artículo intenta explicar de antemano el momento en el que la mujer tendrá igualdad de acceso a la justicia y la dificultad de acceso lo relaciona con la cultura patriarcal. Intentando que ocurra ese momento es lo que integrantes deben tratar de conseguir. La lucha se orienta a la modificación de las prácticas que acentúa la desigualdad entre el hombre y la mujer y el efectivo cumplimiento de los derechos.

El acceso a la justicia constituye la base de la exigibilidad de los derechos y la fuente principal del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, a través de la cual se materializa el mandato de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas

sujetas a su jurisdicción. La existencia de un sistema de justicia acorde con tales exigencias supone no solo la consagración formal de recursos y garantías específicas, sino su real aplicación y efectividad. (1) Esto quiere decir que para que un sistema de justicia sea coherente con el acceso a la justicia, no es suficiente la creación de recursos y garantías específicos en la temática, sino que los mismos se puedan aplicar a los casos diarios de violencia familiar. Asimismo para la aplicación en los casos, es necesario saber los pasos a seguir o estrategias específicas para cada caso.Muchas estrategias que propician el acceso a la justicia de las mujeres fracasan, entre otras razones porque están diseñadas desde una mirada unilateral, muchas veces prescriptiva y patriarcal, que responde a estereotipos femeninos, como categoría general y sin tener en cuenta las particularidades de la vida de las mujeres. (2)

II. ALGUNAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS

Desde el punto de vista constitucional a nivel general el art. 18 de la CN viene ser la normativa que menciona el derecho de petición ante las autoridades. Asimismo podríamos citar los arts. 16, 28, 33 de la CN como guía constitucional para hablar de acceso a la justicia.

Entre los instrumentos internacionales que adquieren jerarquía constitucional por vía del art. 75 inc. 22 incorporado con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye en el art. 8 que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. De igual contenido es la norma en el art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

En materia de instrumentos específicos de la temática, la Convención de Belém do Pará plantea en su art. 7 que los Estados parte convienen en actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Asimismo, tiene el deber de asegurar el acceso a la justicia, lo cual se traduce en la posibilidad de participar en un juicio oral, oportuno, legal, justo y eficaz.

El art. 8 inc.d de la Convención de Belém do Pará indica algunos componentes del tipo de recursos cautelares que los Estados tienen el deber de proporcionar en casos de violencia contra las mujeres, tales como servicios especializados apropiados para la atención, refugios, servicios de orientación para toda la familia, servicios de custodia y cuidado de los menores afectados.

Ello, además de recursos judiciales de índole cautelar para conminar al agresor a cesar en sus acciones y proteger la integridad física, la libertad, la vida y la propiedad de las mujeres agredidas. (3)

Otro instrumento de gran valor son las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Ella son un conjunto de estándares básicos que sirven de orientación a los operadores de los sistemas judiciales iberoamericanos, y sus auxiliares, con el objeto de acercarle el servicio de justicia a las personas que, por encontrarse en determinadas condiciones, les resulta mucho más dificultoso acudir a dicho servicio.

En materia de legislación interna específica, la Ley 26.485 de protección integral de la mujer,

en el art. 2, tiene por objeto promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Y menciona el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.

III. ACCESO ‘A LA’ JUSTICIA Y ACCESO ‘A’ JUSTICIA

El acceso a la justicia se ha utilizado en la academia en diferentes disciplinas, se aplica a diversas situaciones, lo que hace que sea un concepto de carácter polisémico.(4)

La CSJN mediante Acordada CSJN 33/04 advirtió que el acceso a la justicia se encuentra dificultado para cierto grupo de personas que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad, por hallarse afectadas por cuestiones de violencia doméstica y que debe considerarse que la violencia doméstica adquiere formas, matices y complejidades que no siempre encuentran un único encuadre jurídico o requieren de un determinado proceso judicial para su resolución, por lo que a la desventaja inicial en que suele encontrarse la persona que recurre a la justicia por su agravio, se adiciona la dificultad de determinar la vía legal que resulte acorde a su pretensión o reclamo. Por vía de esta acordada se habla de la doble vulnerabilidad que sufre la mujer víctima de violencia familiar, no solo por su situación particular de vulnerabilidad, sino también por la dificultad de encontrar la vía legal que dé cauce procesal a su reclamo.

El protocolo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema marca una diferenciación entre el acceso a justicia y el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia es a una resolución judicial, en cambio el acceso a justicia se refiere a cualquier otra respuesta que se puede brindar en un caso determinado. Así, típicamente, la decisión adoptada en un proceso de mediación, sin llegar a la vía judicial, es acceso a justicia.

Primero es importante aclarar que el acceso a la justicia importa un conjunto de derechos, es decir que no se trata simplemente de analizar un servicio que se presta desde una o varias ramas del poder público, sino que estamos hablando de un conjunto de derechos relacionados con garantías. (5) Entre esos derechos, está la posibilidad/prerrogativa/facultad que tiene la víctima de violencia familiar de que una autoridad competente escuche su pedido por medio de una denuncia. Esta escucha formalizada en una denuncia no significa que esa autoridad va decidir lo que la persona quiera, sino que va a recibir su pedido y decidirá conforme su criterio.Esa posibilidad de que una autoridad la escuche tiene que ir acompañada de una resolución rápida, clara y fundada, ya que no sirve de nada pedir y que no se sepa si lo que se pidió se dio o no. Y en el caso de que no se haya dado lo pedido, explicar cuál es el motivo de la negativa.

Couture nos enseña que cualquier súbdito tiene derecho a que el órgano jurisdiccional competente considere su pretensión expuesta con arreglo a las formas dadas por la ley procesal. Ese derecho es la porción mínima indiscutible de todo este fenómeno: el derecho a la prestación de la jurisdicción. (6)

No se debe postular un acceso a la jurisdicción, sino que ese acceso debe ser efectivo. De nada valdría proclamar que las personas tienen acceso a la justicia que es su derecho, si luego en la realidad de los hechos, esa posibilidad resulta menguada o claramente, se carece de ella. Las personas deben tener una verdadera y real posibilidad de acceder a la jurisdicción. (7)

IV. ALGUNAS CONDICIONES FÍSICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

También es importante insistir que para que la persona tenga acceso a o a la justicia, se deben dar una serie de condiciones físicas, de trabajo, jurídicas, económicas, etc. Desde ya cada una de estas condiciones no son compartimentos estancos, sino que se relacionan entre sí:

a) Condiciones físicas

Son aquellas condiciones relacionadas con la estructura edilicia, horarios, recursos humanos, etc.

• El lugar donde se atienda a las víctimas de violencia familiar debe estar cerca o debe ser de fácil acceso para la víctima de violencia familiar con líneas de transporte que permitan llegar al lugar. Esto es importante ya que el acceso también debe ser “geográfico” y no solo jurídico.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda en su inc.o que los Estados partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas. (8)

Según Maribotto Lugaro, el acceso a la justicia es el derecho de toda persona a tener un ámbito en el cual hacer valer el derecho de que se crea asistida y de lograr la satisfacción de este. (9)

• El lugar donde se atienda debe tener un horario flexible que permita una atención continua, ya que las situaciones de violencia que se denuncian se pueden dar en cualquier momento, de día, de tarde y de noche. Por eso también se propende que las atenciones en la urgencia sean las 24 horas como las líneas telefónicas, los órgano s receptores de denuncia, etc.

• El lugar de atención debe ser lo suficientemente cómodo para que la víctima pueda esperar la atención, o en caso de llevar a sus hijos, estos puedan ser atendidos especialmente. Esta comodidad que tiene que tener el lugar se ve en cuestiones sencillas como asientos, baños en condiciones de higiene adecuada, televisión.

• El lugar de atención debe estar compuesto por profesionales de distintas disciplinas que trabajen con perspectiva de género, reconociendo la desigualdad histórica existente entre el hombre y la mujer, entre otras cosas. La capacitación abre nuevos interrogantes en relación a la violencia de género en sus diferentes manifestaciones, en su interacción con la construcción del testimonio entre mujer/denunciante y profesional como instrumentos para facilitar el acceso a la justicia y la salvaguarda de la vida y los sentidos que debe adquirir la capacitación de los/las profesionales que deben intervenir.La adopción de la perspectiva de género en la capacitación permanente tiene un gran potencial crítico e implica la revisión de viejos paradigmas y pone en evidencia la necesidad de superar los rasgos androcéntricos que aparecen en las interpretaciones de la ley y en el desempeño de operadores jurídicos arraigados a viejas prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y terminan en los casos más graves con la muerte de la mujer. (10)

b) Condiciones de trabajo

Son aquellas condiciones relacionadas con la forma de trabajo de los profesionales.

• Los profesionales que atienden casos donde se relatan situaciones de violencia familiar deben escuchar activamente a las víctimas de violencia familiar evitando en lo posible interrupciones en la entrevista. Hay que atender las singularidades de cada caso, no se pueden resolver las situaciones para todas las mujeres de la misma forma. (11)

• Los profesionales que atienden deben evitar la revictimización de las mujeres que sufren violencia de género para lo cual es fundamental que tengan que concurrir una sola vez a denunciar su caso ante las autoridades. Para esto es indispensable que todas las áreas involucradas trabajen de manera coordinada y con protocolos claramente establecidos. (12)

 Es decir que se debe evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer. (13)

• Los profesionales que atienden deben estar capacitados constantemente en la temática. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: “[.] i Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer”.

“[Se recomienda a los Estados:] 2.Adoptar medidas inmediatas para garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres (incluidos fiscales, policías, jueces, abogados de oficio, funcionarios administrativos y profesionales de medicina forense) con el fin de que apliquen las normas nacionales e internacionales para enjuiciar estos delitos en forma adecuada, y para que respeten la integridad y la dignidad de las víctimas y sus familiares al denunciar estos hechos y durante su participación en el proceso judicial.” (14) Sobre el comportamiento de los fiscales, se estipula que deben evadir cualquier tipo de discriminación en su trabajo en base a consideraciones [.] sexuales. [.] Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer sus deberes sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, respetando así los derechos humanos de todas las personas. (15)

Igualmente se ha afirmado el deber de la policía de tener como consideración prioritaria la seguridad de la víctima y sus familiares en las decisiones relacionadas con el arresto y detención del agresor. Por su parte, el Estado debe determinar responsabilidades y sancionar, cuando la policía no actúa en concordancia con el marco normativo.

• Los profesionales que atienden deben trabajar de forma interdisciplinaria, es decir realizando aportes de su disciplina en conjunto. Con respecto a los abogados, Ruiz puntualiza que: “Las escuelas de derecho deben formar a los futuros operadores judiciales con una visión amplia e integradora que termine con los paradigmas sociales en los cuales se basa la violencia de género”. (16)

• El tiempo es un factor que incide en el acceso a la justicia, ya que los tiempos de la justicia muchas veces no coinciden con los tiempos reales y entre que se pide y el juez decide, suelen ocurrir otros hechos y nuevamente se pide y se espera que el juez decida sobre esos hechos nuevos, y así sucesivamente. La idea es decidir de manera rápida para que el derecho no devenga en abstracto y pueda ser aplicado en un caso en concreto.

Neruda (17) nos decía que: “Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano”.

Séneca (18) nos plantea que: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Jean de la Bruyere (19) plantea que: “Esencial a la justicia es hacerla sin diferirla. Hacerla esperar es injusticia”.

Los dos autores hacen una similitud entre injusticia y justicia que tarda en llegar.

Para Couture si el tiempo es oro, en términos de procedimiento es justicia. (20) Y solo una justicia que lleva la tranquilidad a la gente en poco tiempo -el plazo razonable de que hablan los tratados internacionales-, y que tenga igualmente un rostro más humano, es la que pretendemos como consecuencia inevitable de la dignidad del ser humano, condición básica de todos sus derechos y garantías. (21)

• Los profesionales deben brindar a las víctimas de violencia familiar, información clara, detallada y suficiente del procedimiento a seguir, de las vías de protección existentes, ya que nadie reclama un derecho que no conoce. Se ha dicho que el derecho al acceso a la justicia implica en primer lugar el conocimiento de los derechos que se tienen; y no solo los derechos en abstracto (tengo derecho a…) […] cómo defenderse; qué carriles utilizar para obtener una protección. Obviamente, quien no ha tenido acceso a la educación, desconoce cómo funciona la organización judicial. (22)

El acceso a la justicia está condicionado por el conocimiento o desconocimiento que se tenga de ella, pero también por factores no jurídicos, la búsqueda de una mejor y mayor justicia para los sectores excluidos no puede tener solo relación con el campo jurídico, ya que el desconocimiento al que se hace referencia está en relación con otros desconocimientos, ausencias y carencias que escapan al campo del derecho.(23)

En referencia al caso de las mujeres pobres, la dificultad del desconocimiento de los derechos juega un papel importante, pero esto se mezcla con la posición subjetiva de muchas de estas mujeres quienes no se sienten dignas de merecerlos. (24)

 En un caso de resonancia en estos meses, una mujer estuvo presa más de tres años y recién hace uno logró oficializar una intérprete que le permitiera entender de qué la acusan en los tribunales de Quilmes. Es un caso que viene a ser una radiografía de la mirada judicial sobre las excepciones. Es decir, la vara con que transforma lo excepcional en regla casi universal.

La acusada es Reina Maraz, indígena de origen kichwua (nacida en un pueblito perdido en Bolivia), quien estuvo presa durante más de tres años en la U33 de Los Hornos, imputada por el crimen de su marido (quien la ofrecía a un vecino como forma de pago de sus deudas). Como nota por el Día de la Diversidad de 2013, Página 12 publicó la historia de RM y de la particularidad de que estaba presa sabiendo lo que había hecho, pero desconociendo el motivo de su detención: en pocas palabras, ni ella habla el español para entender la acusación y argumentar en su defensa, tal como se supone el proceso si no se lo considera una mera formalidad; ni la justicia contaba con un intérprete de quechua que les permitiera a jueces, fiscal y defensor entender lo que quería preguntar o transmitir la acusada. Recién al año de prisión y por casualidad, la Comisión Provincial por la Memoria, en una visita habitual a la U33, detectó el caso y llevó una intérprete, que la justicia recién aceptó incorporar oficialmente tres años más tarde.Hoy y mañana, ya como persona reconocida, RM podrá escuchar y argumentar en juicio oral a través de la voz de su intérprete que su caso, como la mayor parte de los casos penales, carga sobre sus hombros la excepcionalidad hecha costumbre.

RM sufría violencia doméstica y sexual cuando su marido la entregaba como parte de pago a un vecino con quien mantenía una deuda. La investigación, con elocuente concepto de la justicia del dominador, al detener a la acusada no le preocupó demasiado qué tenía que decir ella al respecto. De hecho, es mujer, indígena, boliviana, analfabeta (según la curiosa manera de suponer a quien no habla un idioma de origen europeo, y el español lo es), migrante y, para colmo, había matado a su marido. La acusan de esto último aunque su derrotero pareciera indicar que la acusan de todas esas etiquetas.

Recién entonces una intérprete proporcionada por la Comisión comenzó a asistirla, aunque la justicia recién aceptó a Frida Rojas como intérprete del caso, tres años después de presa. No fue fácil. Hubo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Después de la incorporación oficial de Rojas, se logró que RM llegara al juicio oral con prisión domiciliaria, viviendo con su hija más peq ueña, nacida en la U33, en casa de unos familiares radicados en el conurbano bonaerense.

“El caso de Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”, aseguraron desde la CPM.(25)

c) Condiciones jurídicas

Son aquellas condiciones relacionadas con los aspectos jurídicos.

• El recurso de acceso a la justicia de las víctimas de violencia debe ser eficaz, idóneo y pertinente para la pretensión que exige quien accede al sistema. (26)

Cuando se refiere a eficaz, es que el recurso sea capaz de producir el resultado esperado. La idoneidad se refiere a la optimización de los recursos utilizados y la pertinencia alude a que sea ese el recurso adecuado para esa situación. Se agrega que estos recursos judiciales deben ser de naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres. (27)

• La posibilidad de acceder al recurso se debe dar de manera gratuita.

La gratuidad en el procedimiento es una garantía desde el punto de vista económico, que permite a la víctima de violencia familiar hacer una denuncia sin asumir costos (de ahí que los trámites relacionados al procedimiento de violencia familiar deben estar exentos de tasas de justicia, pago de sellados, etc).

Asimismo la gratuidad reside en brindarle a la víctima recursos de atención (asesoramiento, patrocinio, tratamiento) especializados en violencia familiar sin costo alguno.

• Se deben dictar medidas de protección de los derechos personalísimos de las víctimas, como una de las herramientas jurídicas-procesales que permiten acceder a la justicia de manera

rápida y expedita sin darle intervención a la otra parte. (28)

• Se debe perseguir el cumplimiento de las medidas de protección de las medidas de protección tomadas y en caso de incumplimiento establecer sanciones civiles y penales para que la decisión judicial tenga fuerza de obligatoriedad.

• Se debe verificar la concurrencia de la víctima al recurso de atención derivado (asesorías, centro de atención, etc.). Esto permitirá continuar el circuito de atención y fortalecer a la víctima en la visibilización y desnaturalización de la violencia.

• Se debe permitir a la víctima que peticione ante determinadas situaciones fácticas violentas posteriores a la denuncia, la prórroga de las medidas de protección.V. CONCLUSIÓN

La idea de este artículo era plantear desde un plano teórico y práctico, el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar. Acceder a la administración de justicia implica en este contexto mucho más que obtener una respuesta judicial frente a actos de violencia contra las mujeres, sino que también comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria.

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(1) Protocolo de Actuación para Operadores de Justicia frente a la Violencia contra las Mujeres en el Marco de las Relaciones de Pareja, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29417.pdf.

(2) GONZÁLEZ Manuela G., GALLETTI Gabriela H., Intersecciones entre violencia de género, pobreza y acceso a la justicia. El caso de la ciudad de La Plata, 2013.

(3) CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 enero 2007. Supra nota 2, párr. 47.

(4) GONZÁLEZ Manuela G., Las violencias contra las mujeres: Los discursos en juego y el acceso a la justicia (4), Instituto de Cultura Jurídica FCJyS-UNLP. Revista digital Con Equis, de la Especialización en Periodismo, Comunicación Social y Género.

(5) BOLÍVAR Ligia, Justicia y acceso. Los problemas y las soluciones, Revista IIDH, 2000.

(6) COUTURE Eduardo J., Fundamento del derecho procesal civil, De Palma, Buenos Aires, pág. 62.

(7) MARABOTTO LUGARO, Jorge A., Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia, Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consulta 22 de noviembre del año 2014.

(8) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Comité CEDAW). Recomendación General N° 19. La violencia contra la mujer (11º período de sesiones, 1992). Párr. 24 letra o.

(9) MARABOTTO LUGARO, Jorge A., Un derecho humano esencial:el acceso a la justicia, Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consulta 22 de

noviembre del año 2014.

(10) GONZÁLEZ Manuela H., op. cit.

(11) RUIZ Alicia, Seminario “Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia de Género”, 8 de marzo del año 2014, organizado por la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos (UCPE), a iniciativa del Grupo de Género.

(12) MONTENEGRO Guillermo, Seminario “Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia de Género”, 8 de marzo del año 2014, organizado por la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos (UCPE), a iniciativa del Grupo de Género.

(13) Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. A/RES/48/104 23 de febrero de 1994. Art. 4, letra f.

(14) CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 enero 2007. Párrs. 298 y ss.

(15) CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68, 20 enero 2007. Párrs. 40 y 41.

(16) RUIZ Alicia, Seminario “Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia de Género”, 8 de marzo del año 2014, organizado por la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos (UCPE), a iniciativa del Grupo de Género.

(17) Pablo Neruda (1904 – 1973). Poeta chileno.

(18) » Séneca” (2 a. C. – 65). Filósofo latino.

(19) Jean de la Bruyère (1645 – 1696). Escritor francés.

(20) COUTURE Eduardo J., Proyecto de código de procedimiento civil, Montevideo, 1945, p. 37

(21) MARABOTTO LUGARO, Jorge A., Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia, cit.(22) Entrevista a funcionario judicial en el marco del Proyecto de Investigación Picto 0026/2010 citado por GONZÁLEZ Manuela G., GALLETTI Gabriela H., Intersecciones entre violencia de género, pobreza y acceso a la justicia. El caso de la ciudad de La Plata, 2013.

(23) GONZÁLEZ Manuela G., GALLETTI Gabriela H., Intersecciones entre violencia de género, pobreza y acceso a la justicia. El caso de la ciudad de La Plata, 2013.

(24) Hacemos referencia aquí a la dificultad que tienen muchas mujeres que padecen violencias por parte de sus parejas o exparejas, quienes a pesar de conocer sus derechos no se sienten capaces de defenderlos por mecanismos psíquicos internos de condicionamiento subjetivo que les impiden autovalorarse y reconocer el peligro que corren y la situación de maltrato y vulnerabilidad en la que quedan, en la apuesta permanente al cambio del compañero que les permite tolerar lo intolerable, siempre tras la promesa de que el alivio llegará (M. F. Hirigoyen, A. María Fernández, E. Bosch, M. G. González y H. G. Galletti).

(25) CECHI Horacio, “Juicio oral con intérprete”, Página 12, Sociedad, 2014.

(26) VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, sentencia 27 de junio de 1987, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C nro. 1.

(27) CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Párrs. 298 y ss.

(28) Para más información de las medidas cautelares, ORTIZ Diego O., Medidas cautelares en violencia familiar, Ediciones Jurídicas, 2014.

(*) Abogado, UBA. Diplomado en Derecho de Daños, AABA. Posgrado de Especialización en Violencia Familiar, UMSA (en curso). Posgrado de Derecho de Familia, UBA (en curso). Profesor universitario de Ciencias Jurídicas, UBA. Docente de Derecho de Familia, UBA. Asesor Legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Malharro. Actual Letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Autor de trabajos jurídicos. Disertante en congresos